El PCN y el PDC libraron a ARENA de cometer un error, al negarle sus votos para aprobar con dispensa de trámite unas reformas muy controversiales al Código Penal. Es poco usual que los “peques” legislativos le salgan respondones a sus fornidos socios ideológicos, pero lo ocurrido la semana pasada en la sesión plenaria se ha visto ya en otras ocasiones y confirma el importante rol que pueden y deben jugar los partidos cuyos votos, aunque pocos, son necesarios para que los grandes puedan aprobar leyes.

Esa es una de las razones por las cuales defendí, como objetivamente buena para el país, la decisión de separar las elecciones presidenciales de las legislativas y municipales. Aunque tal decisión se hubiera tomado para favorecer al PCN, como muchos argumentaron en esa ocasión, la misma lógica, en lo que pudiera tener de validez, llevaba a concluir que también se verían favorecidos el PDC, el CD y el FDR.

En una situación caracterizada por elevados niveles de polarización y agravada por la inmadurez y torpeza que frecuentemente exhiben los principales protagonistas de la confrontación, la existencia de otros partidos puede ayudar a limar asperezas, enriquecer el debate y forzar importantes concesiones de parte de quienes solo las hacen en la medida en que se ven obligados a hacerlas.

Uno puede simpatizar o no con partidos como el PCN y el PDC, que algunas veces llevan su pragmatismo hasta niveles reñidos con la ética. Se puede simpatizar o no con partidos como el FDR y CD, que por excesos de racionalismo actúan algunas veces sin mucho sentido de realidad. Ninguno de estos partidos, hoy por hoy, tiene posibilidades en una elección presidencial, pero todos pueden alcanzar o mantener importantes cuotas de poder municipal y legislativo, lo cual es beneficioso para el país si los partidos pequeños actúan con verdadera independencia.

Haber forzado una reflexión más pausada sobre el endurecimiento de penas por “delitos contra la paz pública” fue un hecho con doble impacto positivo. Por una parte, permite, aunque no garantiza, que se preste más atención a las objeciones legales, políticas y de orden práctico que se le han señalado a la propuesta de ARENA. Por otra parte, ayuda a que la ciudadanía tenga más confianza en la calidad democrática del proceso legislativo y, consiguientemente, mejor disposición para acatar las leyes que emanan de dicho proceso.

La aprobación precipitada de leyes y reformas con el mínimo necesario de votos, sin valorar más razones que las propias, es perfectamente legal pero bastante problemática desde un punto de vista político y social. Cuando se abusa del recurso de la mayoría exacta, conseguida mediante negociaciones entre cúpulas partidarias, se va sedimentando en la conciencia ciudadana un sentimiento de exclusión, y se corre el riesgo de que la legislación requiera incontables enmiendas y remiendos.

Las dispensas de trámite y las aplanadoras legislativas suelen producir victorias pírricas. En el mejor de los casos, son como juegos pirotécnicos cuya colorida luminosidad se desvanece luego de un fugaz instante de esplendor. Lo único sensato para consolidar la democracia es el debate de ideas, la armonización de puntos de vista, la búsqueda colectiva de las mejores soluciones.

En el caso concreto que nos ocupa, lo que la reforma de ley pretende alcanzar es demasiado importante como para tomar decisiones precipitadas. La discusión no debe centrarse en determinar si son rectas o retorcidas las intenciones de quienes promueven las reformas al Código Penal. El empeño debe ponerse en que la ley sea razonable y eficaz para proteger la integridad del Estado y los derechos de todos los ciudadanos.

En lo concerniente a los actos de vandalismo y violencia, la primera pregunta que debe responderse es si realmente conviene que el Código Penal trate de diferente manera esos delitos cuando se dan en el marco de acciones políticas. Cualquiera sea la respuesta, las penas deben ser proporcionales a la gravedad objetiva de los delitos. Talvez debieran aplicarse de manera escalonada: leves para quienes violan la ley por primera vez y más drásticas para los reincidentes, exigiendo siempre la reparación de los daños ocasionados.

La ley secundaria debe proteger inequívocamente todos los derechos garantizados en la Constitución, pero también debe disuadir, censurar y castigar los abusos en el ejercicio de los mismos. Este punto no admite confusión. Una cosa es la expresión de ideas y la protesta social, y otra muy diferente es pisotear derechos ajenos, así se haga por puro fanatismo desbordado o con un calculado propósito de notoriedad.